El contexto socioeconómico, cultural y político de cada
país, es el sistema superior al cual se integra la educación, también como un
sistema. De él depende y sobre él influye decisivamente. En este sentido, las
características de la sociedad de cada tiempo y entorno han de influir y
orientar las políticas sociales educativas y las preocupaciones de los
gobiernos y sus administraciones.
En la actualidad, organismos internacionales como la
UNESCO, así como los analistas mundiales en materia educativa, coinciden en
señalar que la Educación del Siglo XXI enfrenta como principales retos y tareas
aspectos diversos que preocupan a los ciudadanos de nuestro tiempo. Entre
ellos, destacan los siguientes:
· Educación para un mundo cada vez más abierto.
· Potenciación
de la enseñanza humanística integral.
· Incorporación
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) a la
educación como un medio para el avance de la formación y el conocimiento, más
no como un condicionante de los propios fines de la educación.
· Impulso
a la educación continuada: la educación para toda la vida.
· Educación
como un medio eficaz para lograr el pleno reconocimiento y desarrollo de los
derechos humanos y como instrumento que permita reducir las desigualdades y las
enormes diferencias entre los países ricos y pobres.
· Integración social y educativa de los colectivos menos
desfavorecidos y de la inmigración mundial.
Conforme a la opinión del mundo occidental, éste es el
mensaje humano, de progreso, bienestar, y de esperanza, al que gobiernos y
comunidades deben dar respuesta para intentar alcanzar, en el presente siglo,
una sociedad mundial más justa, solidaria y democrática.
Hoy, tanto en Europa como en América, los planes y las
instituciones dedicados por entero a la evaluación de la calidad de la
educación a escala nacional son una realidad pujante. Este tipo de actividad se
inicia primeramente, en aquellos países que cuentan con una administración
educativa tradicionalmente descentralizada. En estos casos -sirven de ejemplo
los Estados Unidos y el Reino Unido-, donde las autoridades centrales pueden
ver en los sistemas de evaluación un medio para recuperar o detentar el control
de la información.
Por otra parte, en los países de estructura
administrativa tradicionalmente centralizada -como Francia-; o que se hallan
sumidos en procesos de descentralización -con destino a las regiones, como en
España, o a los propios centros escolares, como en los Países Bajos-; los
organismos y planes de evaluación cobran vigor como mecanismos que posibilitan
un seguimiento de las políticas educativas -y particularmente de las reformas-
mucho más detallado, significativo y útil a los efectos de coordinación y toma
de decisiones.
En estos desarrollos han tenido gran influencia las
iniciativas internacionales, especialmente desde 1962, han sido significativa
la participación de la Asociación Internacional para la Evaluación de la
Enseñanza (IEA); principalmente a raíz de la publicación de varios resultados a
finales de los años ochenta, del siglo pasado, en donde se puso de manifiesto
que países que habían ganando terreno en cuanto a competitividad económica
internacional a las grandes potencias, también reflejaban mejores resultados
académicos. En el caso de los Estados Unidos se vio afectado por una crisis de
la imagen pública de su educación, que se nutrió de la posición académica
relativamente débil donde los escolares estadounidenses mostraban deficiencias
con respecto a los japoneses y a los alemanes, competidores también en el
terreno económico. No estará de más recordar aquí, que uno de los documentos
importantes que urgieron la necesidad de una valoración constante de los
resultados académicos en los Estados Unidos a principios de los ochenta se
tituló, precisamente, “Una nación en peligro”.
Por otra parte, agentes internacionales como la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han
efectuado, en los últimos años, grandes esfuerzos orientados a la definición de
sistemas de indicadores internacionales de la educación; con el convencimiento
de contribuir así, a mejorar el conocimiento que los políticos y
administradores de la educación tienen de sus propios sistemas con respecto a
otros que pueden tomar como comparables y, por consiguiente, como referentes.
La diversidad y multiplicidad de experiencias sobre
evaluación son una constante, desde los años ochenta en América Latina. En
México, como en otros países, el sistema educativo es de los espacios públicos,
quizá el mayor de todos. En él se da una participación organizada de millones
de mexicanos; además, se trata de la actividad que tiene mayor presupuesto del
gobierno federal y de muchos gobiernos locales. No obstante, la rendición de
cuentas en el ámbito educativo, aun se considera, ha sido insuficiente conforme
a los parámetros internacionales del mundo desarrollado.
Cada uno de los secretarios de Educación comparecen ante
el congreso federal o de los estados, según corresponde, después del informe
que rinden o entregan anualmente los titulares del Poder Ejecutivo y en una
sesión, en ocasiones maratónica, se da una confrontación entre éstos y los
legisladores respectivos. Aunado a esto, internamente rinden cuentas de sus
finanzas, como todas las dependencias gubernamentales, a las instancias de
Contraloría para la supervisión interna del manejo de sus recursos. Hay,
además, una cadena operativa descendente de mecanismos de vigilancia
gubernamental que van desde la Secretaria de Educación Pública (SEP) hasta el
centro educativo más alejado del país.
La otra parte de la rendición de cuentas tiene que ver
con las evaluaciones del sistema educativo, con sus resultados. Esta se refiere
a los insumos, recursos, actores del proceso educativo y, de los planes y
programas. Mucho se ha hablado sobre la baja calidad de nuestra educación
básica y de los graves problemas en la educación de tipo medio y superior. En
los últimos años se han hecho diversos diagnósticos y evaluaciones del sistema
educativo nacional, como el efectuado por la Fundación “Nexos” a
principio de los años noventa sobre la educación básica, y que la revista del
mismo nombre dio a conocer como "México, un país de reprobados".
La Secretaria de Educación Pública ha venido construyendo
un sistema nacional de evaluación y para ello ha aplicado diversas pruebas a
los alumnos; también ha propiciado la participación de México en evaluaciones
internacionrales.
Actualmente ya podemos contar con algunos referentes
importantes resultados de estas evaluaciones. Parece que la cultura
tradicionalmente triunfalista del sistema político empieza ha permitir
reconocer las deficiencias de nuestro Sistema Educativo.
El crecimiento geométrico de las demandas de la población
por un lado y el crecimiento aritmético de los ingresos tributarios plantean al
gobernante dos interrogantes a resolver: ¿Cuáles son las necesidades que el
gobierno debe atender? y ¿En qué proporción deben asignarse los recursos
públicos?
Diversos son los discursos que desde el plano teórico se
han vertido para responder a estos cuestionamientos y, van desde los que
defienden el modelo del Estado Administrativo con su estrategia
benefactora, para el cual no se vislumbra retorno alguno y que dejó su lugar al
Estado Gerencial, hasta los actuales postulados del Estado Cívico
que emerge en los paradigmas de las ciencias sociales.
La administración pública en el nuevo milenio encara un
destino cuyas grandes líneas proyectan principalmente un horizonte en el cual
el desarrollo de la civilidad es lo principal. Es clara, entonces, la
obligación del gobernante de aplicar los fondos públicos con responsabilidad.
Así como, informar y demostrar que así lo hizo. Por lo tanto los asuntos
públicos deben conducirse de tal forma que se haga la mejor aplicación posible
de los fondos públicos.
Consecuentemente los funcionarios responsables deben
asegurar que sus decisiones en la aplicación de los fondos públicos se apeguen
a la ley y a la ética teniendo como resultante, unos servicios públicos
económicos, eficientes y efectivos.
En otras palabras, el funcionario de gobierno del sector
educativo, así como en todos los ámbitos gubernamentales, deben asegurar
básicamente tres aspectos en su desempeño:
Primero: que los
bienes y servicios que se adquieran o sean prestados satisfagan la calidad
apropiada, la cantidad necesaria, estén disponibles con la oportunidad
requerida y al mejor precio.
Segundo: que los
recursos humanos, materiales y financieros a su cargo sean utilizados de la
forma más productiva posible.
Tercero: que los
programas en los que se aplican los recursos logren los objetivos que se
pretenden.
En el contexto del sector educativo es necesario, de
existir verdaderamente el interés político para alcanzar la situación deseable,
que se establezcan mecanismos para evaluar de manera regular o permanentemente
el grado y forma de cumplimiento del sector con relación a su objetivo social.
Esto implica que al margen de evaluar la efectividad y
pertinencia de los programas y proyectos del sector, se evalúe el grado de eficacia,
eficiencia y economía con que los recursos humanos, materiales y financieros
son administrados; evaluar el grado y forma en que la administración de cada
entidad del sector esta cumpliendo con la responsabilidad de informar sobre el
resultado de la gestión conferida y; evaluar el grado de cumplimiento con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a cada entidad y al sector.
El resultado de esta evaluación debe de servirnos para actuar en consecuencia,
orientando los esfuerzos de todos los actores sociales de la educación, en la
búsqueda por alcanzar nuestra visión de futuro.
El Estado Cívico entraña una Educación donde la ética,
equidad y justicia prevalecen, donde el ser humano es el motivo y razón del
gobierno, y donde la cultura es juzgada junto con el derecho como temas
centrales de la agenda del desarrollo del ser humano.
Concluyo con el pensamiento de Dimok Marshall, que a
propósito de la administración pública nos dice:
“....administrar no es cosa de oprimir un botón, tirar una
palanca, dar órdenes, estudiar estados de pérdidas y ganancias, promulgar leyes
y reglamentos. Administrar es más bien tener la facultad de determinar lo que
vaya a ocurrir con las personas y la felicidad de los pueblos enteros, el poder
dar forma al destino de una nación y al de todas las naciones que forman el
mundo. La labor ejecutiva, por lo tanto, es tarea de hombres de Estado y las
técnicas que el funcionario emplea son solo consecuencia de las fuerzas que
pone en movimiento y que ayuda a dirigir.”[1]
[1] Marshall,
Dimok. Principios y normas de administración (Philosiphy of
Administration), Libreros Mexicanos Unidos, México,1965 (1958), p. 163.
RCL2009.
